Los resultados de las elecciones marcaron una tendencia de signo moderado, ya que los votantes apostaron mayoritaria y claramente por partidos de centroderecha y centroizquierda. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nombrado el 3 de julio de 1976 por el rey para conducir la reforma política, desde el poder organizó una plataforma de «centro democrático», con la cual agruparse junto una serie de partidos en la luego denominada Unión de Centro Democrático. Esta coalición electoral, que concentró a un gran número de pequeños y medianos partidos centristas o liberales, resultó la ganadora de las elecciones y se quedó a unos escaños de la mayoría absoluta.
La otra gran sorpresa de la jornada fue el Partido Socialista Obrero Español que, liderado por el joven abogado Felipe González desde 1974, logró obtener un gran triunfo y obtuvo la segunda posición con casi 120 escaños, convirtiéndose además en el primer y principal partido de la oposición. Le arrebató así la hegemonía en la izquierda al Partido Comunista de España (PCE), formación política que durante los cuarenta años de dictadura se había distinguido por su lucha contra el franquismo y de hecho, hasta entonces, había sido el principal partido de la oposición antifranquista. Liderado por el histórico Santiago Carrillo, el PCE obtuvo el tercer puesto con 20 diputados. El PSP de Enrique Tierno Galván concurrió a las elecciones en coalición con varios formaciones que habían pertenecido a la Federación de Partidos Socialistas, pero esta solo obtuvo 6 escaños.
En posiciones más derechistas que las de UCD, Manuel Fraga, que fue ministro durante los años del desarrollismo franquista y, posteriormente, vicepresidente y ministro de Gobernación del primer gobierno del rey, lideró la Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) que, representando al franquismo sociológico, obtuvo 16 diputados. Con ello, Fraga y AP quedaron a mucha distancia de la UCD, sin lograr capitalizar el voto conservador.
Varios partidos nacionalistas, destacando los catalanistas y vasquistas, también obtuvieron representación parlamentaria.
Contexto histórico
La reforma del sistema franquista
En julio de 1976 Adolfo Suárez formó un gobierno de jóvenes «reformistas» franquistas, en el que no incluyó a ninguna figura prominente (Fraga y Areilza se negaron a participar).[2][3][4] En su primera declaración pública el nuevo presidente presentó su proyecto «reformista», afirmando que su meta era conseguir «que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles»[4] y, anunció que el pueblo se expresaría libremente en unas elecciones generales que se convocarían para antes del 30 de junio del año siguiente.[5]
El proyecto de Ley para la Reforma Política era en esencia de planteamiento sencillo. Se creaban unas nuevas Cortes formadas por dos cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado, compuestas de 350 y 204 miembros respectivamente y elegidas por sufragio universal, excepto los senadores designados por el rey.[6] Y al mismo tiempo quedaban abolidas implícitamente todas las instituciones establecidas en las leyes fundamentales que no fueran esas Cortes, es decir, todas las instituciones franquistas sin excepción, por lo que la ley de reforma lo que hacía en realidad era liquidar lo que pretendía reformar.[7][8]
El proyecto de Ley fue aprobado por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de ese año,[9] después de que el gobierno Suárez hubiera maniobrado para que una mayoría de los procuradores franquistas votaran a favor. Entre otras cosas, se advirtió a los procuradores que desempeñaban altos cargos en la administración de que corrían el riesgo de perderlos si no apoyaban el proyecto, mientras que a otros se prometió que podrían renovar sus escaños en las nuevas Cortes que serían elegidas. Estas y otras artimañas explican por qué las Cortes franquistas decidieron «suicidarse».[10][11] A continuación el gobierno convocó un referéndum popular para el día 15 de diciembre, aunque sin dar ninguna oportunidad a la oposición para que pudiera exponer su postura, la abstención, en los medios de comunicación que controlaba, televisión y radio, y desplegó una formidable campaña a favor del "Sí", por lo que el resultado del referéndum no deparó ninguna sorpresa: hubo una alta participación y el "Sí" ganó abrumadoramente con el 94,2 % de los votos.[7][12][13] La Reforma política, e implícitamente la Monarquía y el gobierno Suárez, quedaban así legitimados por el voto popular. A partir de ese momento, ya no tenía sentido la reivindicación de la oposición de que se formara un gobierno de «amplio consenso democrático». Será el gobierno de Suárez el que asumirá la tarea que la oposición había asignado a ese gobierno: convocar elecciones generales.[10][14]
Campaña electoral
Entre finales de 1976 y mediados de 1977 el gobierno procedió a la legalización de muchos de los partidos adscritos a la Oposición antifranquista, la coloquialmente denominada Platajunta, especialmente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista Popular. También se legalizaron nuevas formaciones políticas, como la Alianza Popular liderada por el exministro Manuel Fraga. Suárez continuó al frente del antiguo partido franquista, FET y de las JONS, aunque en abril de 1977 procedió a su disolución. Fue entonces cuando se dedicó a organizar una nueva plataforma electoral con la que presentarse a los comicios, la posteriormente denominada Unión de Centro Democrático (UCD), donde quedó integrado un gran número de pequeños y medianos partidos de ideología variada: socialdemócratas, demócrata-cristianos, liberales, centristas, independientes, etc.
Sin embargo, el Partido Comunista de España continuaba siendo una formación ilegal, lo que constituía un escollo en los planes del gobierno Suárez. El 9 de abril el PCE fue finalmente legalizado,[15][16] medida que encontró con una fortísima oposición por parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno logró reconducir la situación y los mandos del Ejército acabaron aceptando la legalización como un hecho consumado, no sin producirse la dimisión de algún militar de alto grado, como el ministro de Marina Gabriel Pita da Veiga. Como contrapartida, el Partido Comunista tuvo que aceptar la monarquía como forma de gobierno y también la bandera rojigualda,[17] con lo que las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines.[18]
Otros partidos que mantuvieron sus aspiraciones republicanas no fueron legalizados, como Acción Republicana o Esquerra Republicana de Catalunya, hasta el 2 de agosto de 1977, diecisiete días después de las elecciones. Izquierda Republicana, partido fundado por Manuel Azaña en 1934, no formalizó su situación hasta el 10 de noviembre de ese mismo año.[19] Algunos miembros de este partido decidieron presentarse a los comicios bajo las siglas del Frente Democrático de Izquierdas,[20] coalición formada entre otros por el también ilegalizado Partido del Trabajo de España (PTE).
La hostilidad de ciertos mandos militares hizo que el Gobierno y la oposición fueran prudentes al negociar la ley electoral. Sin embargo, la campaña transcurrió en un ambiente festivo. Durante la campaña, no obstante, se celebraron cerca de 22.000 mítines.[21] El PSOE y el PCE celebraron los mayores mítines, pero la constante presencia en los medios de comunicación estatales de la progubernamental UCD acabó revelándose decisiva. Además, Suárez se negó a debatir con ningún rival, explotó el control gubernamental de otros muchos medios de comunicación y realizó una aplastante campaña propagandística.[22]
Alianza Popular (AP), pese a su abundancia de recursos económicos y de políticos conocidos, se vio perjudicada por la participación del expresidente Arias, quien volvió a expresar una postura inmovilista como ya había hecho en los últimos años de la Dictadura franquista. También la presencia de Santiago Carrillo y otros políticos comunistas de avanzada edad evocaba en los electores el recuerdo de la guerra civil, y el PCE se vio perjudicado por ello.[22] El Partido Comunista recurrió para sus listas electorales a un buen número de veteranos de la guerra mientras que el PSOE llevó a cabo un mayor esfuerzo rejuvenecedor, promocionando más a políticos jóvenes.
Finalmente el 15 de junio de 1977 se celebraron las elecciones sin que se produjera ningún incidente y con una participación muy alta, cercana al 80 % del censo. La victoria fue para la Unión de Centro Democrático liderada por Adolfo Suárez, que consiguió ser la primera fuerza política a nivel nacional a pesar de no lograr alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados, pues obtuvo el 34 % de los votos y 165 escaños: le faltaron 11 parlamentarios para lograr la mayoría.[23][24]
El segundo triunfador de la jornada fue el PSOE, que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda al conseguir el 29,3 % de los votos y 118 diputados, desbancando por amplio margen al PCE, que obtuvo el 9,4 % de los votos y se quedó en 20 diputados, a pesar de que era el partido que había soportado el mayor peso en la lucha antifranquista. El fracaso del PCE causó un fuerte impacto, ya que no se preveía que sacara un resultado tan bajo, y de hecho los resultados no se correspondían ni con su organización ni con su papel durante la Dictadura franquista. El tropiezo del PCE alejó completamente la posibilidad de que el comunismo en España tuviera la importancia que el PCI o el PCF tuvieron en Italia y Francia, respectivamente.[25] También quedó desbancado el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, que concurrió a las elecciones junto varias pequeñas organizaciones que habían formado parte de la Federación de Partidos Socialistas bajo el nombre "Unidad Socialista". A pesar de esta coalición, el PSP solo obtuvo seis diputados y el 4 % de los votos.
El otro gran derrotado de las elecciones, junto con el PCE, fue la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga que solo obtuvo el 8,3 % de los votos y 16 diputados —13 de los cuales habían sido ministros con Franco—.[26] Fraga no logró rentabilizar el franquismo sociológico ni tampoco a los antiguos aperturistas del Franquismo, que en buena medida habían ido a parar al partido del gobierno, es decir, a UCD.
Pero el mayor descalabro lo padeció la Federación de la Democracia Cristiana liderada por Joaquín Ruiz Giménez y de José María Gil Robles, el líder de la CEDA durante la Segunda República, que, contra todo pronóstico, no obtuvo ningún diputado,[27][28] a pesar de que la coalición obtuvo 215.841 votos (1,18%). El partido de Ruiz-Giménez, Izquierda Democrática (ID), sí logró entrar en el Senado con cinco escaños, aunque este fracaso prácticamente eliminó a los demócrata-cristianos de la vida política española.
Por otro lado, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda consiguieron representación parlamentaria.[29] La ultraderecha se presentó a los comicios muy desunida y fuertemente enfrentada entre sí. La antigua Falange Española Tradicionalista y de las JONS había sido sucedida por numerosas organizaciones que reclamaban ser el sucesor del antiguo "Movimiento Nacional".[nota 1] Como consecuencia de esta división, ninguna formación de extrema derecha obtuvo algún escaño. El antiguo jerarca franquista Raimundo Fernández-Cuesta lideró la Alianza Nacional 18 de Julio formada por varios grupos y partidos ultraderechistas, pero con 67.336 votos (0,37%) tampoco consiguió obtener representación parlamentaria.
También fue significativo que ninguno de los tradicionales partidos republicanos o sus herederos (Izquierda Republicana o Acción Republicana Democrática Española) pudieran participar directamente en estas elecciones, pues no fueron legalizados por el Ministerio del Interior hasta unos meses después de las elecciones. El histórico Partido Carlista liderado Carlos Hugo tampoco pudo concurrir a los comicios por no estar autorizado, aunque también fue legalizado meses después.
Tras las elecciones se dibujó un sistema de partidos llamado de «bipartidismo imperfecto», donde dos grandes partidos o coaliciones (UCD y PSOE), que se situaban hacia el «centro» político, habían recogido el 63 % de los votos y se repartían más del 80 % de los escaños (283 de 350), y otros dos partidos o coaliciones se situaban, con mucho menores apoyos, en los extremos: AP en la derecha y PCE en la izquierda. La excepción al bipartidismo imperfecto la constituyeron el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco consiguió 8 escaños y la coalición Euskadiko Ezkerra 1, y Cataluña donde el Pacte Democràtic per Catalunya encabezado Jordi Pujol obtuvo 11 y la coalición Esquerra de Catalunya 1.[30]
En la legislatura constituyente del Senado no hubo senadores por designación autonómica al no existir aún la Constitución de 1978, figura creada por dicho texto. Así, todos los senadores lo fueron por elección directa, excepto 41 de ellos, que fueron nombrados por designación real en virtud a la Ley de Reforma Política.
Según establecía la Ley de Reforma Política, una quinta parte de los senadores debían ser designados directamente por el rey; así, 41 senadores fueron elegidos entre personalidades independientes, pese a militar algunos en diversos partidos políticos o adscribirse posteriormente a alguno de los grupos parlamentarios. Los senadores por designación real fueron:
Durante la legislatura constituyente, el 17 de mayo de 1978 se celebraron unas elecciones parciales al Senado para cubrir dos vacantes: la de Julián Andúgar, senador del PSOE por Alicante fallecido en septiembre de 1977; y la de Wenceslao Roces, senador del PCE por Asturias que había dimitido por motivos de salud en noviembre.[31][32]Resultaron vencedores los dos candidatos socialistas.[33][34]
Se organizaron de acuerdo al régimen electoral preconstitucional y han sido las últimas elecciones parciales que se han convocado pues la ley electoral actual no las contempla al ser un sistema de listas cerradas.
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