A su vez, los ministerios de Estado de Chile son, según la «Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado», los órganos superiores de colaboración del presidente de la República en las funciones de gobierno y administración en sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones.[4]
Los ministros de Estado en Chile fueron conocidos, entre 1812 a 1818, como «secretarios» o «secretarios de Estado», según los textos constitucionales y otras normas legales nacionales; posteriormente se les denominó «ministros secretarios de Estado» y «ministros del Despacho», y finalmente «ministros de Estado».
La Constitución Política de 1822 se refería a tres «ministros secretarios de Estado» para el despacho de los negocios:[6] de Gobierno y Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Guerra y Marina (artículo 124), disponiendo que sus atribuciones se fijarían "por un reglamento separado, que presentará el Poder Ejecutivo al Legislativo para su aprobación" (artículo 126);
la Constitución Política de 1823 sólo establecía que habría «por ahora tres Ministros Secretarios de Estado» para el despacho Directorial (artículo 21),[7] previendo que las materias de su competencia y el régimen interior de los ministerios se fijarían "por un reglamento, que formará el Gobierno y sancionará el Senado." (artículo 27); del mismo modo, la Constitución Política de 1828 se limitaba a fijar en tres el número de «ministros secretarios de Estado» para el despacho (artículo 86).
La Constitución Política de 1833[8] y la de 1925, prescribían que "El número de los Ministros y sus respectivos Departamentos serán determinados por la ley" (artículo 84 y artículo 73, respectivamente).[4]
Detalles
Nombramiento
Una misma persona puede tener a su cargo más de un Ministerio, asumiendo así como "biministro o triministro" de Estado.[4] La última persona en ejercer como triministro fue el economista José De Gregorio, quien entre marzo de 2000 y junio de 2001, desempeñó la titularidad de las carteras de Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía y Minería; actuando bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos.[9] De la misma manera, el ingeniero comercial Juan Carlos Jobet, fue el último en ejercer como biministro, en las carteras de Energía y Minería; sirviendo entre diciembre de 2020 y marzo de 2022, durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera.[9]
Desde 1925 el cargo de ministro de Estado es incompatible con cualquier otro cargo de elección popular. La única excepción es en caso de guerra donde dicha incompatibilidad es suspendida.[4]
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, debe ser reemplazado de manera inmediata por designación del presidente de la República o, de manera subrogante (s), por el subsecretario principal de la cartera correspondiente.[4]
Requisitos
La Constitución Política de 1823 establecía que para ser ministro «se exige ciudadanía, treinta años de edad, probidad y notoria suficiencia» (artículo 24); a su vez la Constitución Política de 1828 decía que para serlo «se requiere ser ciudadano por nacimiento, y tener treinta y cinco años de edad» (artículo 87).[4]
Los ministros se reúnen con la presencia del presidente de la República. Usualmente los cargos de ministro son desempeñados por representantes de las principales fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional, pero dependen del exclusivo respaldo o confianza que les otorga del presidente de la República.[4]
Siendo el cargo de presidente de la República un órgano unipersonal, el ejercicio de sus funciones no puede calificarse de "exclusiva", por cuanto el ordenamiento jurídico chileno no considera que un acto del jefe de Estado, realizado exclusivamente por él, posea fuerza jurídica obligatoria, requiriéndose para ellos de la firma del ministro de Estado de la cartera respectiva.[4]
Así, en la ley de 14 de febrero de 1827 se prescribía, en el artículo 2.º, que "Todos los decretos y órdenes del Poder Ejecutivo serán firmados por el Secretario del Despacho a que corresponda el asunto, y sin este requisito no serán obedecidos". En la Constitución de 1828 se establecía que se prohibía al Poder Ejecutivo "Expedir órdenes sin rubricarlas y sin la firma del Ministro respectivo. Faltando este requisito, ningún individuo será obligado a obedecerlas" (artículo 85 N.º 8).[4]
La Constitución de 1833, en el artículo 86, se disponía que "Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del Departamento respectivo, y no podrán ser obedecidas sin este esencial requisito". A su vez, la Constitución de 1925 reiteraba el precepto, señalando que "Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del departamento respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito" (artículo 75).
En la Constitución vigente, de acuerdo con el artículo 35, "Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito", agregando en el inciso segundo que "Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley".[4]
La exigencia de la firma, de a lo menos un ministro de Estado, no sólo tiene por finalidad dar autenticidad al acto, sino diferenciar aquellos personales del presidente, de los que tienen carácter funcionario, y hacer posible el sistema de responsabilidades.[10]
Sin perjuicio de lo anterior, el presidente de la República está facultado constitucionalmente para encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado.[2]
Los ministros son responsables individualmente de los actos que firman y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros ministros.[4]
Asimismo, pueden ser objeto de interpelación, esto es, citados a la Cámara, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo.[4]
Las acciones judiciales que se pretendan iniciar en contra de algún ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pudiera haber sufrido injustamente por un acto de este en el desempeño de su cargo, esto es, para hacer efectiva su responsabilidad civil, conforme a la Constitución, están sujetas a una diligencia previa de admisibilidad que le corresponde conocer al Senado.
Remuneraciones y regalías
Los ministros de Estado perciben, por el desempeño de su cargo, el sueldo correspondiente al grado B de la Escala Única de Sueldos (EUS) de la Administración Pública, creada por el Decreto Ley N.º 249, de 31 de diciembre de 1973,[14] más asignaciones especiales, según corresponda.[15]
A 2016, la remuneración bruta mensual de los ministros, que incluye sueldo base y asignaciones, y sin considerar los descuentos legales u obligatorios —es decir, impuestos e imposiciones de seguridad social— ascendía a CLP$ 9 121 809;[16] el titular del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que se ubicó en el grado 1B de la EUS, percibía una remuneración bruta mensual de CLP$ 7 334 569.[17] Hacia junio de 2018 los ministros de Estado —luego de la creación de los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio— (exceptuando los de Relaciones Exteriores, Minería, Agricultura y Salud) reciben una remuneración bruta de CLP 9 349 853 millones de pesos.[18]
Asimismo, los ministros cuentan con gastos de representación, de monto variable, dependiendo de cada ministerio, de los cuales se debe rendir cuenta a la Contraloría General de la República (CGR). Los ministros de Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores disponen, además, de gastos reservados; en el caso de Relaciones Exteriores estos ascendieron a 1 millón de dólares en 2008; también disponen de automóvil con chofer, pero se exige bitácora, el cual puede ser elegido por cada ministro y adquirido por licitación pública en ChileCompra. Al viajar en avión en su condición de ministros lo hacen en clase ejecutiva, pero desde 2009 debe ser en una clase inferior si el destino está a menos de 10 horas. Los viáticos los fija la Cancillería.[15]
Cada ministro puede contratar hasta quince personas, para labores de asesoría altamente calificadas (asesores). Para comunicarse, disponen de teléfonos celulares con planes ilimitados.[15] Igualmente cuentan con un cierto número de suscripciones a diarios y revistas, nacionales o extranjeras.
Los ministros de Estado tienen un orden de precedencia legal, que resulta de relevancia para determinar la subrogación del presidente de la República, el reemplazo de los ministros entre sí y, además, por cuestiones protocolares.
La Constitución de 1833 disponía que, en caso de que el presidente mandare personalmente a las fuerzas armadas, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo no pudiere ejercer su cargo, le sustituiría temporalmente el ministro del Despacho del Interior con el título de vicepresidente de la República, a falta de este, le sustituiría el ministro del Despacho más antiguo y, a falta de los ministros del Despacho, el consejero de Estado más antiguo, que no fuere eclesiástico. En 1910, tras la muerte del vicepresidente Elías Fernández Albano, se suscitaron dudas a la hora de definir quién debía entenderse como "Ministro del Despacho más antiguo", siendo resueltas en el sentido que la antigüedad se refería a la fecha de juramento en el cargo de ministro y no a la de creación del ministerio.
Por su parte, la Constitución de 1925 estableció que, cuando el presidente mandare personalmente la fuerza armada, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, no pudiere ejercitar su cargo, le subrogaría con el título de vicepresidente de la República, el ministro a quien favoreciera el orden de precedencia que señale la ley. A falta de este, le sustituiría el ministro que siguiera en ese orden de precedencia, y a falta de todos los ministros, sucesivamente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados o el presidente de la Corte Suprema.
Las reglas dispuestas por la Constitución vigente son similares a las anteriores, y señalan que, en caso de impedimento temporal, por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República es subrogado, con el título de vicepresidente de la República, por el ministro de Estado titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de todos ellos, es subrogado por el presidente del Senado; a falta de este, por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a falta de este, por el presidente de la Corte Suprema.
Los ministerios de Estado (también denominados secretarías de Estado) son, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (n.º 18.575 de 1990), son los órganos superiores de colaboración del presidente en las funciones de gobierno y administración en sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones. El número y organización de los ministerios es materia de ley.
Organización de los ministerios
En cada ministerio existe una o más subsecretarías, cuyos jefes superiores son los subsecretarios, que tienen el carácter de colaboradores inmediatos del ministro. Entre otras funciones, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministro de fe y ejercer la administración interna de cada ministerio. Además subrogan al respectivo ministro y, en caso de que haya más de un subsecretario, lo hace el de más antigua designación, salvo que el presidente o la ley establezca otra forma de subrogación.
Además, en la organización de los ministerios, considerando la importancia relativa y volumen de trabajo que signifique la respectiva función, pueden existir los niveles jerárquicos de «división», «departamento», «sección» y «oficina». Solo el cargo de ministro, subsecretario y secretario regional ministerial es de exclusiva confianza del presidente. Los Sermi's son nombrados por el presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el delegado regional presidencial respectivo, oyendo al ministro de la cartera.
Los servicios públicos están sometidos a la dependencia (centralizados) o supervigilancia (descentralizados) del presidente, a través del ministerio correspondiente. Excepcionalmente la ley puede crear servicios públicos bajo la dependencia o supervigilancia directa del presidente de la República (como es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y lo fue el de la Comisión Nacional de Energía). Además, en circunstancias excepcionales la ley puede encomendar a estos algunas de las funciones propias de los ministerios.
Ministerio de Asuntos Indígenas (MINAI/MAI), que estaría encargado de la coordinación de las distintas instituciones que se dedican a esta materia indígena. La primera propuesta fue ingresada en 2009 y se encuentra en el Congreso Nacional para su discusión para reemplazar por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).[30] La segunda propuesta fue presentada en 2016, denominada como Ministerio de Pueblos Indígenas (MINPI/MPI),[31] resultado de las Consultas Indígenas realizadas por el entonces Ministerio de Desarrollo Social.[32] El proyecto vuelve a ser anunciado como Ministerio de Pueblos Indígenas el 1 de junio de 2022 durante la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.
Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, durante la cuenta pública del 1 de junio de 2019, él presidente Sebastián Piñera anunció el envió del proyecto de ley de "Integración Social y Urbana" que crea esta nueva cartera a partir de la fusión de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, sin embargo, este anuncio ya se había realizado con anterioridad a fines del primer mandato de Piñera durante el mes de enero de 2014, en el mes de mayo de dicho año, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decidió retirar el proyecto, por lo cual su tramitación legislativa fue terminada.[33] Entre sus principales tareas, deberá promover la construcción de viviendas con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano, facilitando así el acceso de las familias a sectores mejor ubicados y con más servicios.[34][35][36] Este proyecto no fue bien recibido por parte de los funcionarios pertenecientes a los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, quienes realizaron un paro de advertencia en agosto de 2019 y apuntaron a que "la fusión de las secretarías de Estado apunta a establecer una nueva política urbana donde terrenos fiscales serán traspasados a empresas privadas, además de inmobiliarias encargadas de hacer negocios con dichos predios", además de que esta fusión generaría un despido de funcionarios, los cuales son más de 8 mil.[37][38]
Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, el 22 de enero de 2020 el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que crea este nuevo ministerio, el proyecto busca introducir mayor competencia en el sector agrícola y una modernización de la cartera, a través del traspaso de toda la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (es decir, que la actual Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pase a formar parte de este nuevo Ministerio de Agricultura), además de nuevas atribuciones para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el control y aseguramiento de la cadena productiva de alimentos. Este nuevo ministerio estará orientado a proponer y aplicar políticas, planes, programas y normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país. Contará con dos subsecretarías, una de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y otra de Pesca y Acuicultura. Con esto se busca convertir a Chile en una potencia agroalimentaria.[39]
Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, el 25 de marzo de 2021, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que amplía el actual Ministerio de Obras Públicas (MOP) incorporando la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos, esto debido a las consecuencias que ha tenido para el país el cambio climático y la crisis hídrica en Chile. El objetivo principal de este proyecto es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos que fortalezca su gobernanza, planificación, regulación, inversión en infraestructura y gestión. Esta nueva institucionalidad tendrá como misión velar por el actuar coordinado de la administración del Estado, guiando el actuar de los organismos públicos con competencias en la materia.[40][41]
Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el 3 de septiembre de 2021, se presentó un proyecto de ley que busca separar los asuntos vinculados al orden público del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que permitirá "alejar la figura del ministro jefe de gabinete de las contingencias propias de la seguridad pública, otorgándole en consecuencia mayor estabilidad política", el proyecto contempla la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública y que la Subsecretaría de Prevención del Delito pase a formar parte de este nuevo ministerio. Por lo que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: Carabineros y la PDI, sumado de la ANI y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, dependerán jerárquicamente de este futuro nuevo ministerio, en caso de ser aprobado el proyecto por parte del Congreso Nacional.[42] El proyecto vuelve a ser anunciado durante la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio de 2022, pero esta vez bajo el nombre de Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana.[43] Sin embargo, tras haberse aprobado en primer trámite constitucional en el Senado en junio de 2023, el proyecto de ley denomina a la nueva secretaría de Estado como el Ministerio de Seguridad Pública.[44] Finalmente, el 4 de diciembre de 2024 la cámara de diputados y diputadas aprobó el proyecto de ley que crea esta nueva cartera ministerial, la cual debería comenzar su funcionamiento entre mayo y junio de 2025.[45]
↑Silva Bascuñán, Alejandro (2000). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo VII: Congreso Nacional. La función legislativa. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
↑Silva Bascuñán, Alejandro (2000). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo V: La Constitución de 1980. Gobierno. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
↑Carrasco Delgado, Sergio (1980). Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
↑Bravo Lira, Bernardino (1996). «Capítulo I. Presidente y regulación jurídica del poder. De la monarquía a la monocracia». El Estado de Derecho en la Historia de Chile. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
Silva Bascuñán, Alejandro (2004). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo V: La Constitución de 1980. Gobierno. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. ISBN956-10-1178-6.
Valencia Avaria, Luis (1986). Anales de la República: textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 2.ª edición.