El caso Ciudadanos Unidos contra Comisión de Elecciones Federales, dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 21 de enero de 2010,[1] fue una sentencia histórica que permitió la participación de empresas en campañas políticas electorales.
La sentencia
La sentencia redactada por el juez Anthony Kennedy sostuvo que la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, prohibía al gobierno limitar las donaciones políticas de empresas y sindicatos.
Trasfondo
La organización sin ánimo de lucro de carácter político Citizens United tenía intención de difundir un documental crítico con Hillary Clinton y emitir cuñas publicitarias en televisión en aparente violación de la Bipartisan Campaign Reform Act (también conocida como McCain–Feingold Act or "BCRA").[2] En una votación de 5-4, la Corte Suprema sostuvo que partes de la BCRA violaban la Primera Enmienda.
El caso llegó a la Corte Suprema como resultado de una apelación a una decisión tomada por la Corte del Distrito de Columbia. La sección 203 de la BCRA definía una «comunicación de campaña electoral» como una emisión de televisión, radiofónica o por cable que mencionara a un candidato en los 60 días anteriores a unas elecciones generales o en los 30 días anteriores en el caso de unas primarias. Y prohibía tales gastos por parte de empresas y sindicatos. La Corte del Distrito de Columbia falló que el párrafo 203 de la BCRA era de aplicación al caso y prohibía a Citizens United emitir publicidad del documental Hillary: The Movie en programas emitidos públicamente o de pago en los 30 días anteriores a las Primarias presidenciales del partido Demócrata de 2008.[3][4] La sentencia de la Corte Suprema revocó todas las limitaciones de la BCRA que prohibían a las empresas, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro, y sindicatos invertir en «campañas electorales».[2]
Referencias
