| Movimiento inquilinario de 1925 |
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Soldados estadounidenses acantonados en el Parque de Santa Ana.
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| Fecha |
11 de octubre de 1925 - 23 de octubre de 1925[1] |
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| Lugar |
Santa Ana y Calidonia |
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| Causas |
- Aumento del costo de los alquileres en Panamá[1]
- La Ley n.° 29
- La muerte de Ferdín Jaén, Mariano Mirones, Emilio Olivardía y Lorenzo Brown[2][fuente cuestionable]
- La respuesta violenta por parte del gobierno en la «Huelga de no pago»[3]
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| Objetivos |
Disminución de los costos del alquiler |
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| Resultado |
Intervención estadounidense en Panamá
Retroceso de la Ley n.° 29
- Chiari exigió a los propietarios que rebajaran el alquiler a hasta un 10 % menos que en la tarifa que impuso en 1925.
- Sin embargo, la renta continuó aumentando hasta un 50 % y un 75 %, lo que hizo que otra crisis ocurriera en 1932.[3]
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| Partes enfrentadas |
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El movimiento inquilinario de 1925 o huelga inquilinaria de 1925[5], fue una serie de manifestaciones y huelgas generales en respuesta a los altos costos de los alquileres en Ciudad de Panamá y Colón que fueron impuestos por el gobierno de Rodolfo Chiari mediante la Ley n.° 29, que aumentaba el precio de los alquileres entre un 25 % y un 50 %.[6][fuente cuestionable]
Antecedentes
Durante la década de 1835 a 1845, el desarrollo de la navegación a vapor y la fiebre del oro generaron una significativa corriente migratoria hacia California, intensificando el tránsito a través del Istmo de Panamá. Desde una perspectiva económica y política, la construcción del ferrocarril transístmico fue crucial, llevando al surgimiento del Puerto de Colón y desplazando la mano de obra de la agricultura, ganadería y minería.[7]
En 1849, con el inicio de las obras del ferrocarril, Panamá recibió una nueva oleada migratoria, incluyendo chinos y antillanos, atraídos por la demanda de jornaleros en la construcción del canal por los franceses.[7] Los empresarios aprovecharon la situación construyendo casas de madera con numerosos cuartos destinados al alquiler para trabajadores y visitantes involucrados en el proyecto del canal. Sin embargo, las condiciones de los arrendatarios eran deplorables, caracterizadas por insalubridad y falta de comodidades.[cita requerida]
Tras la separación de Panamá de Colombia, la afluencia de trabajadores de distintas nacionalidades—españoles, italianos, griegos, colombianos y antillanos—se incrementó nuevamente, atraídos por la continuación de la construcción del canal. Los propietarios explotaban a los arrendatarios, quienes sufrían por las pésimas condiciones habitacionales de las propiedades en alquiler.[cita requerida]
Rodolfo Chiari, al asumir la presidencia, enfrentó una difícil situación económica heredada de las grandes inversiones de Belisario Porras y la inflación post-Primera Guerra Mundial. En respuesta, Chiari implementó una reforma en el gravamen de la propiedad urbana, aumentando la tasa del 2% sobre la renta bruta probable anual a un cinco por mil sobre el valor catastral de la propiedad. Esta medida afectó tanto a propiedades comerciales como no comerciales, llevando al empresario y exsecretario del Gobierno Tomás Arias a declarar que era imposible realizar negocios en las propiedades.[8]
Como respuesta, la mayoría de los propietarios trasladaron el aumento fiscal a los inquilinos, impactando principalmente a las grandes masas de trabajadores y personas de bajos ingresos que habitaban en caserones alquilados. Esta situación exacerbó las tensiones sociales y motivó a la población a manifestarse exigiendo mejores condiciones de vivienda y precios justos que reflejaran la realidad económica del momento.[8]
Sin embargo, enfrentados a la "imposibilidad humana de vivir fuera de un techo", y amparados por una burocracia gubernamental, los propietarios rechazaron las peticiones de los inquilinos, exacerbando las condiciones de vida de estos últimos y ampliando la brecha entre las necesidades habitacionales y las políticas implementadas.[9]
Referencias
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