La Subsecretaría de Inspección General, instalada en el ala sur del edificio de Nuevos Ministerios, ya terminado, estructuró el régimen de personal, funcionamiento y organización. Atendía a las Delegaciones Provinciales, Servicio de Recursos, Asesoría Jurídica, Económica y Asuntos Sociales. La Secretaría General Técnica era el órgano permanente de asesoramiento, ocupado de la documentación, estudios, informes, estadística, publicaciones, etc.
La Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción inició una red de laboratorios de ensayo y pruebas de materiales y como heredera de la labor de reconstrucción que tuvo a cargo la extinguida Dirección general de Regiones Devastadas, se ocupó de la reconstrucción de lugares siniestrados: en octubre de 1957 la gran riada de Valencia asoló la ciudad de Valencia. En enero de 1959 la rotura de una presa provoca la casi completa destrucción de Ribadelago a orillas del lago de Sanabria; este departamento reconstruyó el pueblo en un nuevo emplazamiento, con un centenar de viviendas, iglesia, escuela, centro cívico y comercial, etc.[5]
El Ministerio de Vivienda de la segunda etapa fue creado por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, como departamento responsable de ejercer las competencias que, conforme a lo establecido en el artículo 149.1 de la Constitución española de 1978, correspondían a la Administración General del Estado en materia de vivienda y suelo.[6]
Políticas y actuaciones desarrolladas
El objetivo primero del Ministerio de Vivienda fue favorecer el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda adecuada, dentro de una ciudad cohesionada socialmente, más eficiente económicamente y más respetuosa con el medio ambiente. Desde este Ministerio se lanzaron un gran número de propuestas que tuvieron una gran repercusión mediática, como la Ley de Suelo de 2007, que dio después lugar al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, la Renta Básica de Emancipación, una ayuda de 210 euros mensuales para pagar el alquiler dirigida los jóvenes de entre 22 y 30 años, la campaña KeliFinder, que costó 140 000 euros en su momento y fue duramente criticada, o la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, de un funcionamiento y efectividad cuestionados tras varios años de existencia, cuya liquidación se concluyó en 2018 con un coste de 54,17 millones de euros para las arcas públicas.[7]
El 12 de diciembre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 consensuado por el Ministerio con todas las comunidades autónomas y que previó beneficiar a un millón de familias, no sólo las que tenían más dificultades, sino también de rentas medias, al tiempo que buscó aprovechar el excedente de vivienda libre para ampliar el parque público al servicio de la población.
La baja efectividad y escasas competencias que acabó teniendo el Ministerio de la Vivienda, junto con la crisis económica, obligó al Gobierno a eliminar este Ministerio en el año 2010,[8] para ser reconvertido en una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Fomento, al igual que sucedió con el polémico Ministerio de Igualdad, también creado por impulso de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las primeras medidas que se tomaron durante esta etapa fueron la puesta en marcha de un nuevo museo nacional, la Casa de la Arquitectura,[10] y el establecimiento de un índice de precios de alquiler.[11]
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana desde 2023.
El ministro de la Vivienda, ministro de Vivienda o, desde 2023, ministro de Vivienda y Agenda Urbana, es un alto cargo del Gobierno de España que históricamente ha tenido competencias en el ámbito de la construcción de vivienda pública, regulación del mercado de la vivienda y el alquiler así como en urbanismo, arquitectura y suelo.
En estos 67 años de historia, diez personas han ostentado la titularidad de la cartera. Además de estas, Pedro Gual Villalbí, ministro sin cartera, asumió las funciones de forma interina durante poco más de un mes en 1960. El ministro que más tiempo ocupó el cargo fue el Marqués de Paterna del Campo, ministro durante 9 años y 6 meses entre 1960 y 1969. El que menos, sin contar a Gual Villalbí, fue José Utrera Molina, que desempeñó el cargo durante 6 meses en el breve Gobierno de Luis Carrero Blanco.
(**) El el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Presupuesto
De acuerdo con los presupuestos del año 2023, prorrogados para el ejercicio 2024, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana tiene un presupuesto total consolidado de 3481 millones de euros.[1]
En su presupuesto ordinario, el Ministerio cuenta con 1.001 millones de euros, siendo el principal programa el Programa 261N «Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda», dotado con 959,5 millones de euros, que financia parte de las políticas de la Dirección General de Vivienda y Suelo.[1]
Al presupuesto ordinario del Departamento hay que añadir más de 2480 millones de euros de fondos europeos destinados a sufragar programas relacionados con la rehabilitación y recuperación de entornos residenciales y la construcción de vivienda pública.[1]
Auditoría
Las cuentas del Ministerio, así como de sus organismos adscritos, son auditadas de forma interna por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de una Intervención Delegada en el propio Departamento. De forma externa, es el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.
De forma externa, es el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.
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