El dictador Juan Vicente Gómez tenía 77 años a principios de 1935, estaba enfermo, y existía una conspiración interna en el gobierno que se disputaba su sucesión, particularmente con Eustoquio Gómez.[2]
Cuando Gómez murió en diciembre de 1935, el gabinete se reunió y seleccionó al general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, como encargado de terminar el mandato de Gómez, que finalizaba legalmente en 1936. El Congreso ratificó a López Contreras como presidente interino en 1935 y presidente constitucional tras las elecciones de 1936.[2]
Toma de posesión del presidente López Contreras en 1936.
Política legislativa
Liberación de los presos políticos y regreso de los desterrados
El 20 de diciembre de 1935 el general López Contreras dio la orden de liberar a todos los presos políticos y detenidos de la dictadura gomecista, muchos que se encontraban en trabajos forzados para la construcción de carreteras, así como la disposición para el regreso de los exiliados y desterrados.[2]
La política económica de López Contreras fue proteccionista. El 13 de octubre de 1936 fue aprobada la Ley de arancel de aduanas, proyecto del ministro Alberto Adriani.[2]
El gobierno de López Contreras significó un continuismo militar del gomecismo; transformándose en una nueva élite del poder basada en el prestigio militar y las relaciones de mando heredadas de Gómez.[3]
Política electoral
En 1937 se realizaron elecciones municipales, las primeras elecciones del siglo XX donde participó la oposición al gobierno.[1] Se ilegalizaron los partidos ORVE, FEV-OP, PRP, Frente Obrero y Frente nacional.[4]
El 25 de febrero de 1936 el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría se refundó como Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. También estableció el Instituto Nacional de Puericultura.[2]
López Contreras mantuvo un enfrentamiento contra el movimiento obrero y sus líderes políticos, quienes se manifestaron en sucesivas huelgas como la de 1936.[2]Por órdenes del militar Elbano Mibelli el 26 de marzo de 1939 se prohibieron la Federación Sindical de Trabajadores (FST) y la Unión General del Trabajo (UGT) acusándolas de comunistas.[5]
En octubre de 1936 se fundó el Instituto Pedagógico y en enero de 1937 se establecieron programas de educación normal.[2]
Política agraria
Fue creado el Ministerio de Agricultura y Cría.[2]
Política en derechos humanos
En el inicio de 1936 se presentaron diversas protestas violentas en Maracaibo y Cabimas que generaron saqueos y provocaron siete fallecidos. Mientras que en Valencia y Caracas se produjeron manifestaciones que degeneraron en saqueos. Ante estos hechos el régimen suspendió las garantías el 6 de enero de 1936.[5]
La manifestación del 14 de febrero de 1936 fue reprimida lo que provocó un saldo de seis muertos y cerca de 150 heridos.[5]Ante la represión de la manifestación se sucedieron una de serie de altercados y saqueos que generaron la remoción y arresto del gobernador Galavís y la posterior restitución de garantías.[5]
Ese mismo año es designado como ministro de Relaciones Interiores Alejandro Lara quien fomentó la aprobación de la Ley de Orden Público más conocida como Ley Lara. La ley prohibió las huelgas y los paros laborales, autorizó el uso de armas de fuego para acabar con protestas, permitió el allanamiento de hogares sin orden judicial y legalizó la expulsión de ciudadanos de la nación.[5]
Con el paso de los años se mantiene la conflictividad social lo que degenera en represión gubernamental. En 1936 ocurre la militarización de la ciudad de Valencia por órdenes del coronel F. Celestino Hernández debido a la huelga de los trabajadores de la oficina de telégrafos.[5]En 1937 se produce el allanamiento de la sede de la FEV ubicado en la Universidad Central de Venezuela, provocando la muerte del estudiante Eutimio Rivas.[5]
Debido a la actitud represiva comienzan a surgir algunas organizaciones para denunciar los abusos. En 1937 familiares de los detenidos políticos fundaron la Liga Nacional Pro Presos una organización encargada de ofrecer ayuda y asistencia a los detenidos, sin embargo, las autoridades evitaron legalizarla en varias oportunidades.[5]Mientras que en 1938 el padre Manuel Aguirre Elorriaga fundó la Revista SIC (Seminario Interdiocesano de Caracas) influenciada por la Juventud Obrera Cristiana. Esta publicación sería una de las primeras ventanas para la difusión de información sobre los derechos humanos en Venezuela y la doctrina social de la Iglesia.[6]
En 1939 entró en vigencia la Ley de Vagos y Maleantes, aunque en ella no se penaba la homosexualidad explícitamente se dejaba la puerta abierta a la detención de personas sospechas de cualquier «amenaza a la sociedad».[7]El concepto de «vagos» no estaba claramente definido y se incluían desempleados o personas que «andan por la calle (...) fomentando ociosidad y otros vicios».[7]
El 28 de enero de 1936 el gobernador del Distrito Federal, Félix Galavís, crea una Oficina de Censura en la gobernación.[8] Galavís decreta la prohibición de la propaganda comunista, la publicidad de carteles y artículos de prensa sin previa autorización administrativa.[9] Tras la manifestación del 14 de febrero de 1936, el presidente Contreras destituyó a Galavís y revirtió el decreto de censura.[10]
En 1936 los periódicos Orve y El Popular anunciaron la aparición de un libro llamado La verdad de las Actividades Comunistas en Venezuela, popularmente conocido a partir de entonces como el Libro Rojo cuyo autor se desconocía, y que era un compendio de nombres de personas que se acusaban de ser comunistas (incluidos comunistas reales y excomunistas, para aquel momento). Fueron mencionados el secretario de Gobierno del Distrito Federal, el prefecto del Departamento Capitalino y el secretario privado del gobernador, Elbano Mibelli,[11] así como se incluía el Plan de Barranquilla y se vinculaba al comunismo a los firmantes, entre esos, Rómulo Betancourt y otros participantes agrupados como el Movimiento de Organización Venezolana.[12]
Esto trajo como consecuencia un escándalo político y desató una caza de brujas; Betancourt fue perseguido y permaneció en la clandestinidad.[11] Finalmente se demostró que el Libro Rojo estaba vinculado al gobierno de Eleazar López Contreras.[12]
Eleazar López Contreras y el presidente colombiano Eduardo Santos. 1941.
La política inmigratoria desde Juan Vicente Gómez estuvo influida por el positivismo, ideología que continuó determinando las políticas migratorias del gobierno de López Contreras.[3]
En 1941 fue electo por el Congreso Isaías Medina Angarita, quien había sido ministro de López Contreras.[13] El general López Contreras esperaba recibir la presidencia de nuevo, tras el gobierno de Medina Angarita.[14]
El gobierno de López Contreras promovió el culto a la personalidad de Simón Bolívar como medio de unificación del país y una alternativa del marxismo, considerado una «ideología extranjerizante».[2] De igual manera promovió la creación de la Agrupación Cívica Bolivariana.[15]
Oposición
Ilegalización de partidos políticos
En 1936 se aprobó una nueva constitución donde se mantuvo la prohibición del comunismo y el anarquismo, así como la imposibilidad de la participación de las mujeres en la vida política.[5]
Amparado en la Ley Lara se ordena la disolución de partidos y organizaciones como la Organización de Venezolanos (ORVE), el Partido Republicano Progresista (PRP), la Federación Estudiantil de Venezuela (FEV), el Frente Obrero (FO) y el Frente Nacional del Trabajo (FNT).[4][5]
↑ abcdefghijklMontes de Oca, Rodolfo (2022). «La democracia como punto de partida». Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999). Caracas: Edición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). pp. 29-92. ISBN978-980-6544-74-1.
↑Montes de Oca, Rodolfo (2022). «Estar del lado de los desposeídos». Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999). Caracas: Edición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). pp. 225-294. ISBN978-980-6544-74-1.
↑ abMontes de Oca, Rodolfo (2022). «Capítulo VIII. Diversxs y libres». Sospechosos habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999). Caracas: Edición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). pp. 441-486. ISBN978-980-6544-74-1.
