La crisis política en El Salvador de 2021 se desarrolló el 1 de mayo de ese año luego de la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, lo cual fue considerado como un «golpe a la democracia» o «autogolpe» por la oposición política y la comunidad internacional.[1] Esto conllevó a críticas al presidente Nayib Bukele, quien defendió lo sucedido, acusado de ser instigador de las decisiones de la Asamblea Legislativa.
El presidente Nayib Bukele ha tenido conflictos con los principales partidos tradicionales de El Salvador en su carrera política, que se agudizaron desde que asumió la Presidencia de la República tras derrotar en las elecciones de 2019 a su anterior partido FMLN, que lo expulsó por un caso de presunta violencia contra la mujer que fue desestimado por la Justicia.[2]
Soldados en la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El 9 de febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele ordenó que 40 soldados ingresaran a la Asamblea Legislativa para presionar a sus diputados, de mayoría opositora, a aprobar la solicitud de un préstamo de $109 millones de dólares a los Estados Unidos para apoyar su Plan de Control Territorial, que pretende atajar el problema de delincuencia en El Salvador.[3][4][5] Se sentó en la silla de Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, y, luego de unos minutos, salió del recinto y se dirigió a una multitud de simpatizantes: «Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan de Control Territorial, los volvemos a convocar».[5][6][7]
El 28 de febrero de 2021, las elecciones legislativas de 2021 resultaron en una victoria para Nuevas Ideas, el partido político afín al presidente Bukele, que obtuvo 56 de los 84 escaños (66 %) de la Asamblea Legislativa.[18] El nuevo período legislativo comenzó el 1 de mayo de 2021,[19] que eligió a Ernesto Castro como el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, en sustitución del exdiputado Ponce, con 64 votos a favor y 20 abstenciones.[20][21]
Posterior a la elección de Castro, la Asamblea Legislativa votó para destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que se habían opuesto a Bukele, bajo el argumento que habían «emitido decisiones arbitrarias».[17][22] La votación terminó con 64 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención.[23] Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas y primera secretaria de la Junta Directiva, afirmó que había «pruebas claras» de que los jueces impedieron la gestión del gobierno y que debían destituirlos para proteger al pueblo.[22] Antes de finalizar la votación, los cinco magistrados declararon era inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa,[24] que fue ignorada por la bancada oficialista[15][22] y no fue publicada por el Diario Oficial. Los jueces removidos eran Óscar Armando Pineda Navas ―presidente―, Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.[25][26]
Más tarde ese mismo día, la Asamblea Legislativa también votó para destituir a Melara como fiscal general de la República, quien luego presentó su renuncia.[15][17][22] Inmediatamente se nombraron a los cinco nuevos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, mas no a los suplentes.[15][19] Los nuevos jueces son Óscar Alberto López Jerez ―sustituye a Pineda Navas como presidente de la CSJ―, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm García, José Ángel Pérez Chacón y Elsy Dueñas Lovos, que se instaló en corte plena el 3 de mayo;[27][26][28] cada uno de ellos recibió guardias armados como escoltas personales.[19][29] Cuatro de los cinco magistrados destituidos presentaron sus dimisiones.[30]
Reacciones
Locales
Mientras la mayoría de la población aplaudía este hecho, el día siguiente la oposición hizo una marcha para expresar su descontento.
La oposición acusó al presidente Nayib Bukele de querer apoderarse del poder, acto que negó diciendo: «El pueblo no nos mandó a negociar».[31]
Unión Europea: El Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, expresó su «preocupación y cuestionó el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes».[32]
