Los 118 delegados españoles aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:
El Congreso del Movimiento Europeo (...) estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:
La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos...
Los delegados españoles, presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo.
En el transcurso del congreso, el dirigente socialista Rodolfo Llopis le pidió al monárquico Joaquín Satrústegui que transmitiera al Conde de Barcelona el siguiente mensaje: «El PSOE tiene un compromiso con la República que mantendrá hasta el final. Ahora bien, si la Corona logra establecer pacíficamente una verdadera democracia, a partir de ese momento el PSOE respaldará lealmente a la Monarquía».[2]
Reacción franquista
La reunión de los opositores españoles alcanzó aún más repercusión porque produjo la represión política más sonada de la oposición de centro y derecha durante todo el franquismo. Franco, encolerizado por el repentino activismo de grupos que hasta entonces no habían ejercido más que una tímida oposición al régimen dentro de las fronteras españolas, encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que retornaban a España. Así, el mismo 8 de junio publicó el decreto-ley 17/1962 que suspendía por dos años el derecho de libre residencia, garantizado en la legislación franquista por el artículo 14 del Fuero del Trabajo.
La ofensiva que en España organizó la prensa franquista contra el «contubernio» de Múnich fue un escándalo nacional. Los falangistas maniobraron para hacer daño a los monárquicos. Para hacer frente a esta presión, el presidente del Consejo Privado del Conde de Barcelona, José María Pemán, acompañado por el secretario Valdecasas, fueron a visitarle mientras navegaba en su velero, y redactaron la siguiente nota:
El Conde de Barcelona nada sabía de las reuniones de Múnich hasta que después de ocurridas escuchó en alta mar las primeras noticias a través de la radio. Nadie, naturalmente, ha llevado a tales reuniones ninguna representación de su Persona ni de sus ideas. Si alguno de los asistentes formaba parte de su Consejo, ha quedado con este acto fuera de él.
Este texto supuso la liquidación en Estoril de José María Gil-Robles, único miembro del consejo privado presente en Múnich, que había servido con fidelidad a la monarquía durante los años más difíciles de la posguerra.
Reacción europea
La reacción del Régimen contra los participantes en la reunión en Múnich causó fuertes críticas en el extranjero, sobre todo en la Comunidad Económica Europea a la que España había solicitado la asociación pocos meses antes, solicitud que quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a partir del «contubernio». Franco se dio finalmente cuenta de que «su reacción ante el Congreso de Múnich había sido un grave error», según el historiador Paul Preston.[3] Unas semanas después, el 10 de julio de 1962, destituyó, dentro de una crisis amplia de gobierno, al ministro de InformaciónGabriel Arias-Salgado, que ocupaba este cargo desde 1951 y al que Franco hacía responsable de la histeria de la prensa sobre el congreso de Múnich. El ministro sólo sobreviviría unos días a su destitución.